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Fuente: ANECPLA
Temática: Salud Pública, Prevención de Enfermedades, Legislación, Legionelosis
La legionelosis es una enfermedad potencialmente grave causada por la bacteria Legionella, y su prevención es de vital importancia para la salud pública. El Real Decreto 487/2022 establece los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis en instalaciones que pueden convertirse en focos de exposición humana a esta bacteria. Sin embargo, existe cierta confusión en cuanto a su aplicación en viviendas privadas y comunidades de propietarios.
El ámbito de aplicación del Real Decreto
El Real Decreto 487/2022 se centra en regular la prevención y el control de la legionelosis en instalaciones que puedan convertirse en focos de exposición humana a la bacteria Legionella. No obstante, el artículo 3.1. del decreto establece que “quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no afecten al ambiente exterior de estos edificios.”
Esta exclusión aparentemente deja fuera de regulación a las viviendas privadas y comunidades de propietarios, pero existe una importante excepción. Si existe sospecha de un riesgo para la salud pública, la autoridad sanitaria puede exigir la adopción de medidas de control oportunas.
Instalaciones en viviendas y comunidades de propietarios
El Anexo del Real Decreto proporciona una lista no exhaustiva de instalaciones y equipos que podrían estar presentes en viviendas y comunidades de propietarios, y que son susceptibles de emitir aerosoles al exterior más allá del espacio físico del inmueble. Los aerosoles contaminados con Legionella pueden viajar distancias considerables, lo que significa que estas instalaciones pueden representar un riesgo para la salud pública.
Algunas de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto en viviendas privadas y comunidades de propietarios son:
– Fuentes ornamentales con difusión de aerosoles.
– Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano o en urbanizaciones privadas.
– Sistemas de agua climatizada o con temperaturas similares a las climatizadas (> 24 °C) y aerosolización con/sin agitación y con/sin recirculación a través de chorros de alta velocidad o inyección de aire, vasos de piscinas polivalentes con este tipo de instalaciones, vasos de piscinas con dispositivos de juego, zonas de juegos de agua, setas, cortinas, cascadas, entre otras.
Además, existen instalaciones menos habituales que también pueden estar presentes en comunidades de propietarios, como torres de refrigeración y condensadores evaporativos, dispositivos de enfriamiento evaporativo por pulverización y máquinas de riego o baldeo de vías públicas y vehículos de limpieza viaria.
Responsabilidades y prevención
El Real Decreto establece claramente que las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones cubiertas por el decreto son responsables de cumplir con sus disposiciones. Incluso si se contrata a una empresa externa para llevar a cabo las tareas requeridas, la responsabilidad final recae en la persona titular de la instalación.
En el caso de viviendas privadas y comunidades de propietarios, el presidente de la comunidad desempeña un papel crucial. La Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal, establece que el presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad en asuntos que la afecten, incluidas las exigencias preventivas del Real Decreto 487/2022.
Es importante que los propietarios y presidentes de comunidades de propietarios estén informados y sean conscientes de las instalaciones que podrían estar sujetas al Real Decreto. La detección temprana y la adopción de medidas de prevención adecuadas son fundamentales para evitar riesgos para la salud pública y responsabilidades legales.
En conclusión, la legionelosis es una amenaza que puede afectar a viviendas privadas y comunidades de propietarios si cuentan con instalaciones susceptibles de emitir aerosoles contaminados con Legionella. La prevención y el cumplimiento de las disposiciones legales son responsabilidades compartidas entre los propietarios, los presidentes de comunidades y, en su caso, las empresas contratadas para llevar a cabo las tareas necesarias. La concienciación y la acción preventiva son clave para proteger la salud pública y evitar problemas legales en este ámbito.
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